Raúl Montenegro: «En Córdoba hay que abordar la cuestión ambiental sin eufemismos»
Un extenso informe del biólogo Raúl Montenegro remarca que Córdoba sigue siendo una de las provincias ambientalmente peor administradas de Argentina.
El biólogo Raúl Montenegro criticó la gestión ambiental en Córdoba bajo el gobierno de Martín Llaryora y su colaboración con las políticas del presidente Javier Milei. Argumenta que la destrucción del Estado Nacional y la derogación de leyes ambientales han empeorado la crisis socioambiental, especialmente para las comunidades más vulnerables. «Llaryora, al facilitar poderes especiales al presidente, ha contribuido a políticas que agravan la pobreza y desfinancian organismos clave, como la Ley Nacional de Bosques Nativos», sostiene el Presidente de FUNAM.
Entrevistado por Violeta Collado, Montenegro se refirió a las ausencia de un registro de zonas incendiadas en el Ministerio de Ambiente, resaltando que si falta ese registro, pasan uno, dos o tres años y llega un expediente al ministerio de ambiente para un loteo y «como no existe una base de datos suficiente, hasta puede ser que lo autoricen».
En su informe, denuncia múltiples deficiencias en la gestión ambiental de Córdoba, comenzando por la evaluación de impacto ambiental, donde las leyes vigentes favorecen al gobierno de turno en detrimento de la sostenibilidad. Además, señala que Córdoba se ha convertido en un «basural tóxico» al albergar residuos peligrosos sin una adecuada gestión. El biólogo también resalta la amenaza del agronegocio, que busca reducir la superficie de bosques nativos protegidos, poniendo en riesgo la biodiversidad y los ecosistemas esenciales para el equilibrio ambiental. A esto se suma la necesidad urgente de revisar el Plan Provincial de Manejo del Fuego, ya que la impericia del gobierno en la detección temprana de incendios ha llevado a una acumulación de impactos negativos en el medio ambiente.
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Montenegro plantea que el área provincial de ambiente no puede garantizar que las zonas quemadas en áreas críticas cambien su uso del suelo, lo que refleja una falta de comprensión del concepto de biodiversidad por parte del gobierno. Esta desconexión es preocupante, dado que la biodiversidad está intrínsecamente relacionada con la salud de las fábricas naturales de agua y suelo, así como con la resistencia al cambio climático global. Por último, enfatiza que el gobierno de Córdoba no ha elaborado mapas ni listados completos de la biodiversidad existente en el territorio, lo que limita la capacidad de implementar políticas efectivas para su conservación y manejo.
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El informe enfatiza que el silencio del gobernador ante violaciones a tratados internacionales y su actitud optimista, incluso en momentos de crisis, contradicen la grave situación ambiental de Córdoba, considerada una de las peores administradas en Argentina. Critica la falta de respuesta de Llaryora ante la eliminación de fideicomisos para el financiamiento de leyes ambientales y plantea que la historia reflejará estas decisiones perjudiciales.
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